En una declaración conjunta, del 22 de octubre, entre los presidentes de Estados Unidos y México, se hizo una petición al Congreso de EEUU para que aprobara un aporte de US$ 500 millones para el año 2008, que será usado por el gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones del crimen organizado, que operan en la frontera común entre ambos países.
Este aporte también irradiará hacia los países centroamericanos a los cuales, para el mismo año, se les espera aportar US$ 50 millones, en la misma dirección de esfuerzo.
Todo esto enmarcado en un plan plurianual, que desembolsará un total planificado de US$ 1.400 millones de dólares.

Esta nueva iniciativa regional, entre el gobierno de Estados Unidos y países del espacio centroamericano, busca mejorar la cooperación multilateral entre las agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas, y entre las estadounidenses y el SICA (Sistema de Integración Centro Americana), atendiendo a un diagnóstico negativo, en el sentido de un desbordamiento de las estructuras estatales, que ha conseguido el crimen organizado y el narcotráfico y que, además, inunda al conjunto de la subregión en un clima de violencia.

En México, alrededor de 2.000 muertes al año están vinculadas al tráfico de drogas; unos 30.000 militares ya están desplegados por el territorio nacional para combatir a los poderosos carteles, lo que implica que el país se encuentra en un verdadero estado de guerra contra el narcotráfico.
Según datos, alrededor del 90 % de la cocaína que llega a Estados Unidos procedente de Sudamérica pasa por territorio mexicano; igualmente, entre un 30 y 40 % de la heroína consumida en el mercado estadounidense procede de México, país que también es el principal exportador de marihuana.
En cuanto a los datos de muertes violentas, vinculadas al narcotráfico, éstas pasaron de 3,3 por día en el año 2004 a 6 por día en el año 2007. También son muy impactantes las formas agudas y barbáricas de muerte, que se caracterizan por una imagen horrorosa, asumiendo figuras de decapitaciones, asesinatos en plena vía pública, exposiciones de cuerpos en descomposición en barriadas, junto al uso creciente de armas de grueso calibre, automáticas y granadas.

Existen cuatro grandes carteles: del Golfo, Sinaloa, Tijuana y Juárez se disputan el control de pueblos y ciudades en la zona fronteriza norte con Estados Unidos, así como la zona campesina. Del mismo modo crecen, al amparo de estas grandes organizaciones, otras menores que, según datos de 2004, eran más de 130 estructuras criminales.
Se estima que las ganancias anuales de los carteles fluctúan en alrededor de 50.000 millones de dólares.
Esta enorme cantidad de recursos es destinada, en parte importante, a la maquinaria delictiva; por ejemplo, corromper organismos claves del aparato estatal, vinculados en esta lucha, como son el poder judicial, la policía, funcionarios de gobierno. Lo que se suma al aspecto intimidatorio hacia otros sectores, entre ellos claramente la policía y la prensa.

Debido a estas graves condiciones es que se ha seleccionado un cierto perfil en el tipo de ayuda que Estados Unidos se ha comprometido a entregar, y que consiste en los siguientes aspectos:
– Equipos de inspección no intrusos, escáneres iónicos y unidades caninas para que la aduana mexicana, la nueva policía federal y los militares puedan interceptar drogas, armas y efectivos traficados, así como a personas víctimas de la trata de personas.
– Tecnologías para mejorar y asegurar los sistemas de comunicación, en apoyo de la recolección de información, así como para asegurar que la información crítica se encuentre a disposición de los encargados de aplicar el derecho penal.
– Asesoría y capacitación técnicas para fortalecer las instituciones jurídicas: selección de nuevos efectivos policiales; software de gestión de casos para seguir las investigaciones a su paso por el sistema, hasta llegar a juicio, nuevas oficinas para denuncias ciudadanas y responsabilidad profesional y adopción de programas de protección de testigos.
– Helicópteros y aviones de vigilancia para apoyar las actividades de interdicción y la respuesta operacional rápida de las entidades mexicanas de aplicación de la ley.
– Financiación inicial para la cooperación en materia de seguridad, con Centroamérica que atienda directamente las inquietudes de los líderes centroamericanos suscitadas por las pandillas, las drogas y las armas, expresadas en el mes de julio durante las reuniones de la SICA y en la estrategia de seguridad de la SICA.
– Equipos y materiales para apoyar a las agencias de seguridad homólogas en la inspección e interdicción de estupefacientes, bienes traficados, contrabando de personas, así como equipos, capacitación y programas de acción comunitaria en países centroamericanos, para aplicar medidas contra las pandillas y ampliar el alcance de las mismas en la región.

Una nueva estrategia del presidente Calderón ha sido la utilización de las fuerzas armadas en esta lucha, desplegando por el país alrededor de 30.000 efectivos. En la misma dirección estuvieron las recientes declaraciones del presidente electo de Guatemala, quien aseguró una predisposición a encargar a las fuerzas armadas tareas en la lucha contra el crimen organizado y el pandillismo. Sin embargo los peligros están al acecho, como lo denuncia la organización estadounidense Consejo para Asuntos Hemisféricos, que señala que un número considerable de ex oficiales del ejército han pasado a formar parte de las unidades armadas de la propia organización de carteles. Como ellos mismos dicen “se está llevando el conflicto a nuevos niveles de violencia en el que tácticas, equipos y armamentos militares están siendo utilizados en una guerra sin cuartel entre el estado mexicano y el estado paralelo conformado por los carteles de la droga”.

En el mismo sentido, se han levantado suspicacias, en distintos actores nacionales y extranjeros, sobre el hecho que la solicitud del gasto en el Parlamento estadounidense, que comprende US$ 1.400 millones en tres años, se hizo como parte del gasto suplementario para la guerra en Irak y Afganistán, que según palabras del comunicado de prensa de la Casa Blanca del 22 de octubre, citando al Presidente George Bush dice “cooperación en materias de seguridad …para combatir las amenazas del narcotráfico, la delincuencia transnacional y el terrorismo en el Hemisferio Occidental”. Según propios congresistas demócratas del Parlamento, el hecho que estos fondos estén incluidos en la ley suplementaria para gastos de guerra contra el terrorismo, pueden complicar su aprobación.

La combinación de esta nueva trilogía, por parte del gobierno de George Bush, una vez más genera espacios de confusión y superposición en temas de seguridad interna de los países, para los cuales se dispone de medios y recursos que no están capacitados para esa peculiaridad, donde siempre queda trazada una feble frontera con el respeto y cuidado por los derechos humanos de los sectores más precarizados y marginales.

La instalación de este nuevo Plan, nos remite inmediatamente a lo ocurrido con el Plan Colombia, donde la comparación es inevitable. Hasta ahora hay una fuerte discusión sobre el éxito de sus resultados, coincidiendo una gran mayoría en la ambigüedad de éstos. Si bien se reconoce que han disminuido los sectores de plantaciones, se asume que se sigue exportando casi la misma cantidad de cocaína, lo que lleva a pensar que se ha aumentado la productividad contando con menos zonas de cultivo. También ha sido complejo un subproducto esperable, desde el momento que se vincula muy fuertemente a las fuerzas armadas en estas luchas, que paulatinamente el narcotráfico ha logrado infiltrarlas, generando un panorama muy complejo en el futuro inmediato. Los más favorecidos con la cuantiosa ayuda de Estados Unidos (más de 4.000 millones de dólares) han sido justamente las Fuerzas Armadas, que se han visto más profesionalizadas y mejoradas tecnológicamente, pero que han sido utilizadas más allá de sus funciones clásicas y con dudas en el manejo de los derechos básicos de las personas.

La posibilidad de que el impacto del Plan Mérida tenga un efecto positivo en la modernización del Ejército mexicano, se puede ver claramente opacada por los riesgos de un copamiento de funciones, de una corrupción creciente y particularmente de una sobredimensión de los efectos represivos y que se expandan a vastos sectores de población, donde todavía hay fuertes reminiscencias de las violaciones a los derechos humanos ejecutadas por los militares.

Las exportaciones de drogas ahora se siguen realizando en forma independiente o en alianza indirecta con organizaciones criminales de otros países, entre ellas las mexicanas, que explicarían su fuerte incremento, porque se han constituido en las grandes mediadoras de la producción colombiana.
Lamentablemente se impone la visión securitizadora de Estados Unidos sobre estos nuevos riesgos, lo que lleva a una militarización de la seguridad pública e interna, con asignación de estas nuevas misiones a las Fuerzas Armadas de la región. Tienden nuevamente a direccionar esfuerzos geopolíticos en base a este desafío, que pueden significar un nuevo período de tensiones sociales y políticas, con desbordes de violencia institucionalizada, esta vez bajo el amparo de la ley, de gobiernos que no han podido dar respuesta más integrales a las enormes brechas económicas y de justicia social.

La otra arista de estos flagelos societales, como el narcotráfico y el crimen organizado, está configurado por el tipo de respuesta que se ha orientado desde los gobiernos. Como dice el Secretario adjunto para el Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense, Thomas Shannon, ante la Cámara de Representantes el recién pasado 14 de noviembre, refiriéndose a la relación con México: “No se trata de un pedido ‘tradicional’ de ayuda exterior. Es, como señala nuestra declaración conjunta, ‘un nuevo paradigma para la cooperación en materia de seguridad’”. Y si todavía quedan asomos de duda, remata con su visión regional: “Combinado con el empuje que le hemos dado a la lucha contra el tráfico de drogas y el flujo de otros bienes ilícitos en otros lugares de la región, la Iniciativa de Mérida representa un esfuerzo para integrar los programas de seguridad desde los Andes, a través del istmo de América Central y hacia México, hasta la frontera del sudoeste de Estados Unidos.”

En nuestra memoria reciente, los latinoamericanos, tenemos nefastas experiencias de una coordinación en materias de “seguridad”, con sobreactuación de las Fuerzas Armadas y precarios sistemas de transparencia y legalidad democrática.
Ojala no estemos ante una nueva coyuntura de desbordes autoritarios y de institucionalización estatal de la violencia.