Las Fuerzas Armadas tienen dos fuentes de financiamiento principales. El aporte fiscal correspondiente a la ley ordinaria de presupuesto y el proveniente de una ley secreta que grava las exportaciones de CODELCO (el 10%) y que es conocida como la Ley del Cobre (Nº 13.196). El resto de los ingresos provienen de ingresos de operación, de un Fondo Rotativo de Abastecimiento (FORA), de venta de activos y de intereses recibidos en el mercado de capitales.
La ley del cobre goza de un uso predefinido por ley. Mientras los fondos aportados por la ley de presupuesto se destinan anualmente –como los otros fondos menores- a financiar los gastos de operación (sueldos, bienes de consumo y servicios necesarios para mantener a las Fuerzas Armadas en un buen grado de alistamiento) la ley del cobre sólo puede dedicarse a la compra de sistemas de armas e insumos asociados. La cantidad y el destino de los primeros son aprobados por el Poder Legislativo durante la discusión cada año del presupuesto del sector público y forman parte de la contabilidad pública. Los recursos provenientes de la ley del cobre no requiere la sanción del Congreso y su registro se materializa en una contabilidad paralela.
Mientras la distribución del aporte fiscal entre las Fuerzas Armadas se lleva a cabo sin cambios relevantes en las últimas tres décadas, hay modificaciones si se observan los gastos consolidados en los años recientes (Ver documento Resdal. Julio 2006. David Álvarez y Eugenio Cruz. “Calidad, Eficiencia y Transparencia del Presupuesto de Defensa: el caso de Chile”. Página 43).

Año 1994	Material Bélico Inversión Operaciones Personal	23,20% 3,40% 22,00% 51,40%
Año 2003	Material Bélico Inversión Operaciones Personal	22,90% 1,30% 19,60% 44,90%
Año 2006	Material Bélico Inversión Operaciones Personal	31,70% 0,60% 20,50% 47,20%

También existen alteraciones en la distribución del gasto militar entre Chile y sus vecinos de acuerdo a la información entregada por el SIPRI 2005 (Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo) en millones constantes del 2003. (Ver documento Resdal. Julio 2006. Pág.14).

Año	País	Millones US$	% PIB
1998	Chile Argentina Perú Bolivia	2.115 1.803 861 167	3.4% 1.3% 1.6% 2.4%
2000	Chile Argentina Perú Bolivia	2.370 1.820 970 110	3.7% 1.3% 1.7% 1.8%
2002	Chile Argentina Perú Bolivia	2.625 1.480 734 132	3.8% 1.2% 1.3% 1.7%
2004	Chile Argentina Perú Bolivia	3.178 1.503 778 141

Consideraciones Generales
Los procedimientos de asignación del gasto militar se mantienen sin alteraciones relevantes en los últimos 30 años, originados básicamente en el Decreto Ley 1.263 de 1975. Puede discutirse si la materialización de sus deformaciones se justifica a la luz de la construcción de un tipo de respuesta inducida por los cambios del entorno chileno, como indica la historia oficial; lo que no está en duda es que el mañana pide mutaciones de procedimientos y procesos decisionales conformes a los desafíos futuros.
El gasto debe construirse desde una propuesta de seguridad integral, que considera a la defensa como un componente importante del área estratégica de las políticas del Estado y brinde apoyo simultáneo a la inversión en factores esenciales del desarrollo (salud, trabajo, educación, vivienda, infraestructura) porque un desarrollo consolidado limita los impactos negativos sobre la seguridad. Debe recordarse que el mapeo de las turbulencias en América del Sur muestra que el impacto de los problemas duros y cotidianos sobre las poblaciones guarda estrecha relación con el precario desarrollo y las vulnerabilidades que atacan las inseguridades emergentes, en particular el progreso de los tráficos ilícitos que alimentan la cobertura de una visible delincuencia transnacional, corrompen a los grupos dirigentes e inducen al debilitamiento asociado de la gobernabilidad y la calidad de la democracia. En tanto, la recurrencia del conflicto interestatal goza de una baja incidencia, el gasto militar es bajo comparativamente y existe una política consolidada referida a las armas de destrucción masiva.

Consideraciones para el Ejecutivo
El presupuesto debe transformarse en un sistema íntegro de planificación, programación y presupuestación que involucra, necesariamente, modificaciones legales y constitucionales. En el corto o mediano plazo debe congregarse todo el gasto en el presupuesto ordinario que signifique el término de la ley del cobre, implique objetivos mensurables en el tiempo, inicie su proceso en los espacios institucionales específicos con un rol determinante del Ministerio de Defensa y sea discutido y aprobado cabalmente por el órgano que responde al control ciudadano como el Congreso.
El presupuesto debe ajustarse a cuatro aspectos básicos de transparencia impulsados desde el FMI: (1) claridad de roles y responsabilidades, (2) disponibilidad pública de la información, (3) preparación, ejecución e informes abiertos según las normas tradicionales relativas a la cobertura, accesibilidad e integridad de la información fiscal, (4) garantía independiente de integridad.
Los ciclos plurianuales de inversión presupuestaria al nivel más alto deben ajustarse a períodos histórico-políticos que asuman una mirada de futuro en relación a las políticas de integración y cooperación y acoplarse a programas, de manera que los recursos se asignen a las fuerzas sobre la base de su contribución a distintos programas globales. En tal sentido hay que consolidar el Sistema de Evaluación de Proyectos (ver separata del Libro de la Defensa, marzo 2006, “Sistema de Evaluación de Proyectos de Inversiones en Defensa”), “un sistema contable integrado y con capacidades de apoyar la administración financiera del sistema y procedimientos de rendiciones de cuentas y control centralizado” (Ver documento Resdal. Julio 2006. Pág. 39). La racionalidad que busca el Sistema de Evaluación de Proyectos, abandonando la arbitrariedad de los tres tercios, puede identificarse en un párrafo de la página 16 de la separata, “según la información que surja de la 2ª Instancia Decisional (la institución patrocinadora evalúa las Soluciones Conceptuales Retenidas y las contrasta con los Requerimientos Operacionales) es probable que la evaluación ya precise posible flujos de recursos financieros para estudios específicos, lo que implica generar las provisiones de fondos necesarios”.
La reconstrucción del presupuesto debe acompañarse necesariamente de los radicales cambios que se encuentran en el proyecto de ley que moderniza el Ministerio de Defensa (reconversión de la estructura y rol de las subsecretarías) y las futuras modificaciones a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nº 18.948 (actualización de la carrera militar) centradas en acotar la discrecionalidad de los Comandantes en Jefe.
Es crucial que en los ciclos del presupuesto queden identificados y acotados los actores que participan en cada uno de ellos, tanto en la (1) formulación, (2) discusión y aprobación, (3) ejercicio del gasto, (4) fiscalización y control.
Reducir o terminar con los gastos reservados en $4.150 millones, instalados en virtud de la Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas que fijó tal monto en 1989.

Consideraciones para el Legislativo (Ver documento Resdal. Julio 2006. Pág. 53)
Establecer asesorías permanentes y calificadas (conocimiento y experticia) en el tema económico específico y el general “Seguridad, Defensa, Sociedad, Estudios Estratégicos” con el fin de prestar un apoyo consistente al trabajo de los parlamentarios.
Corregir el modelo institucional correspondiente al trámite de la discusión mediante el abandono del marco legal que establece mínimos para el sector.
Perfeccionar las cualidades de control y gestión del Congreso en los temas sustantivos del presupuesto, instalando año a año programas a ser evaluados.

Consideraciones para la Sociedad Civil
Enriquecer e incentivar la capacitación de civiles en centros académicos civiles o militares, acompañado de mecanismos que favorezcan su participación en los debates sobre los temas generales de la defensa y/o los económicos específicos y faciliten una mayor inclusión en el Ministerio de Defensa, Poder Legislativo, centros académicos, asesorías de Fuerzas Armadas, organizaciones no gubernamentales u otros espacios de trabajo.
Institucionalizar los fondos concursables sobre aquellos temas que presten apoyo a la política de defensa de manera transparente, pública y evaluable, dirigido a miembros de instituciones académicas, públicas, políticas o internacionales.
Elaborar procedimientos que incentiven la especialización de civiles en temas de economía de defensa –formulación, evaluación, ejecución, fiscalización de presupuesto- a través de becas o herramientas similares.
Producir trabajos combinados y conjuntos entre los sectores interesados y capacitados sobre el presupuesto de defensa para modernizar los mecanismos de transparencia y control ciudadano desde una mirada multidisciplinaria.