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I. UNA MIRADA RETROSPECTIVA CRÍTICA
d) Una parte esencial de la vida económica depende de fuerzas de decisiones que les son exteriores. A esto se suma un aspecto cada vez más determinante como son los flujos de capitales. El papel monopólico del Estado en las relaciones internacionales ha sufrido un desgaste creciente. Han entrado en escena actores sociales nacionales e internacionales, grupos de presión privados y públicos en las mismas escalas, etc. Todo esto ha configurado una realidad más dinámica y compleja, en muchos casos positiva, pues da cuenta de mejor forma de las complejidades de las redes societales. Hoy los Estados deben tener más en cuenta el rol protagónico de sus pueblos y personas, en específico, como sujetos de derecho en los planos humano, económico, social y cultural, lo que redunda en poner al centro sus intereses. Cada vez más las fronteras y soberanías cerradas dan paso a esquemas abiertos, que promueven la cooperación, la integración y la confianza mutua. Cada vez más hay una relación directa entre las contigüedades geográficas, asumiendo que los procesos y fenómenos que transcurren en la vecindad repercutirán directamente en la propia realidad local. Ya no existen las posibilidades de procesos autárquicos ni de obstaculización de los desplazamientos en general, solo queda la alternativa de la conjunción de esfuerzos en los distintos niveles que permita la factibilidad del desarrollo en escalas supranacionales. Es un cambio de paradigma, que tiene como centro la comunidad de intereses de la persona humana, como singular genérico. Analizar el conflicto chileno-boliviano bajo este prisma conceptual nos podría conducir en una dirección muy distinta a la actual, permitiendo abrir espacios a salidas compartidas para los problemas históricos. IV. UNA NUEVA GEOGRAFÍA POLÍTICA La realidad dominante, que nos está hablando de una reconfiguración de las inseguridades apremiantes para nuestros pueblos, traducidas en riesgos explícitos y latentes, nos demanda una interpretación nueva del territorio, donde el eje sufre un corrimiento desde los territorios burocratizados a los territorios incógnitos. La dimensión territorial adquiere en la política, tanto nacional como internacional, un aspecto relevante, pues nos habla de las localizaciones específicas de planes y programas, que asumen toda la importancia que tiene la consideración de la realidad sobre la que se actúa. El territorio burocratizado es el que obedece a la lógica de los estados, que es definido desde la perspectiva de limitaciones fronterizas, dentro del cual se ejerce a plenitud una soberanía estatal (aunque hoy mediatizada por su doble tensión entre lo global y lo local) y que se expresa en calidad de conflicto, en la medida que su integridad delimitada es puesta en cuestión por otra unidad estatal con las mismas características y ante un eventual interés común incompatible. Esta dimensión de lo territorial actualmente no está tensionada, ya que por una parte las disputas fronterizas esenciales están resueltas y, por la otra, porque cada vez más el rol de los organismos supra estatales regionales tienen un papel más activo en prevenir y resolver este tipo de conflictos, quedando menos espacios de maniobra para acciones de fuerza como mecanismo privilegiado de solución. Este mapa sigue estando configurado por los estados latinoamericanos, con una pérdida importante de la antigua geopolítica, y ha dado pasos a estructuras de integración subregionales, particularmente en el área económica atendiendo a sus propias sensibilidades geográficas y políticas (Pacto Andino, MERCOSUR y CARICOM). En cambio aparece una nueva dimensión del territorio compuesto por tierras incógnitas que van quedando al margen de las integraciones de los nuevos flujos económicos y de desarrollo, donde se materializan las interacciones de riesgos para las personas, y que tienen como rasgo principal estar por sobre las delimitaciones estatales, generando una cualidad de fronteras porosas interestatales. Hay una definición que las caracteriza muy bien: “Muchos territorios explorados, cartografiados, fotografiados en el último siglo o siglo y medio se han vuelto, de nuevo, inexplorados, inaccesibles, desconocidos, inseguros, misteriosos, hostiles a toda penetración exterior. Son regiones que se alejan, que se apartan del mundo, que se descartografían. Los dramas humanos que ahí se viven apenas son conocidos en el resto del mundo. La opacidad, es sin duda, uno de los rasgos más destacables de estas nuevas tierras incógnitas”.[1] Aquí es donde radica el nuevo desafío para identificar y operar sobre estas tierras incógnitas, que nos va a remitir a realidades económicas, sociales y políticas. Hay que producir un cruce de los riesgos y las oportunidades con los territorios concretos, que arrojará dinámicas geográficas que impulsarán a los distintos estados a desarrollar políticas cooperativas, atendiendo a estas particularidades, pero por sobre todo al carácter interestatal de estas realidades. Del mismo modo es que aparece un territorio que es factor de oportunidades, por cuanto enlaza variables que trascendiendo las fronteras administrativas políticas, es capaz de configurar una coherencia tanto económica, como cultural, social y humana. Es la configuración de micro regiones que debieran tener un tratamiento especial de cooperación interestatal, en cuanto a que la existencia de similares problemas y oportunidades, de pie para coordinar políticas trans-estatales, que genere un eje de desarrollo con capacidad de réplica. Así es como aparece un nuevo mapa latinoamericano que nos habla tanto de los desafíos para identificar las inseguridades, como de las oportunidades para afrontarlas en base a la cooperación. Es un mapa más específico, sobre el cual se puede operar con herramientas más oportunas y eficientes; ya no es la generalidad de un hemisferio que no comparte absolutamente los mismos riesgos, intensidades, escalas, ni satisfactores y que tiende a perderse ante las imposiciones externas del poder hegemónico. Esto mismo plantea desafíos inéditos para las organizaciones regionales, que más allá de asentar principios generalistas necesarios (como, por ejemplo, la definición del sistema democrático como el régimen político más acorde con la soberanía popular, los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, etc.), se requiere canalizar apoyos, respuestas y políticas específicas. Así se podrían ir identificando y clasificando estas zonas de acuerdo a distintos anillos. Un primer anillo estratégico, ligado a percepciones geopolíticas y geoeconómicas, posteriormente se pueden identificar estos anillos menores relacionados con los riesgos específicos, como por ejemplo: para el tema de las migraciones; para el tema de tráficos ilegales de mercancías; para el tema de los desplazados y las contaminaciones o epidemias o desastres naturales. Es por este sendero que debemos seguir avanzando, así los esfuerzos mancomunados, que significan entre otros racionalizar y hacer más eficientes los escasos recursos que disponemos, tendrán impactos más positivos en la resolución efectiva de las demandas de nuestras sociedades. V. LA NECESIDAD DE LA DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS Una nueva polémica en la política exterior chilena se ha alzado a propósito del viaje de un grupo de parlamentarios de la Concertación a Bolivia, que terminó en una pequeña declaración de buenas intenciones sobre las relaciones entre ambos países. Las críticas que han surgido desde distintos sectores políticos reflejan los resabios del conservadurismo en nuestras relaciones vecinales, que en cambio se despejan absolutamente cuando se trata de buscar acuerdos con las grandes regiones del mundo en el campo económico. En la elite chilena han recibido con espanto la tesis de la “Diplomacia de los Pueblos” que ha planteado el gobierno boliviano como un camino estratégico en la búsqueda de nuevos espacios de diálogo y de soluciones en la centenaria entrampada política bilateral. Nadie ha cuestionado que el Poder Ejecutivo y, particularmente, la Presidenta de la República, conduce la política exterior de nuestro país, pero de allí a sacar como conclusión que es el único pertinente de opinar sobre nuestras relaciones hay una distancia sideral. Justamente si se trata de profundizar cada vez más nuestra democracia, un apoyo importante es que representantes de otro pilar del Estado, como lo es el Poder Legislativo, también tengan una actitud más dinámica y pro activa para ampliar el espectro de los diálogos, los temas y hasta las sensibilidades políticas. Incluso aunque ésta tuviera diferencias sutiles o profundas con las que lleva adelante el Ejecutivo. El Parlamento chileno tiene definidos ámbitos de responsabilidad en la política exterior, y lo mejor para su aporte pasa efectivamente por un conocimiento más directo de las problemáticas centrales que hoy día se afrontan en ese aspecto. De la misma forma es que debiera incentivarse que las relaciones, prioritariamente entre los vecinos, tuvieran un espectro mayor de actores en juego, como lo pueden ser justamente organizaciones sociales, culturales, académicas, deportivas, que aportan también una mirada y un lenguaje. Porque al fin y al cabo las relaciones son precisamente entre pueblos y personas y, en muchos casos, estos vínculos son un enorme aporte para generar mayor confianza en la elaboración de las políticas oficiales y legales. En este sentido entiendo esta diplomacia de los pueblos, para romper otro de los reductos del elitismo que encapsula estos espacios a burocracias especializadas retocadas de aires palaciegos y formatos de protocolos. Una buena pregunta a responder sería cuánto más se podría avanzar en las relaciones entre pueblos, si el interés por ellas y las posibilidades de influir fueran justamente un patrimonio de todos los ciudadanos organizados, y adquirieran centralidad otras áreas relevantes para el desarrollo de los pueblos, donde el comercio fuera uno más y no el exclusivo acaparador de la atención y los esfuerzos ministeriales. Por lo tanto lejos de transformarse en un problema, estas instancias deben constituirse en toda una oportunidad, porque tampoco puede olvidarse que la política exterior también es una política pública que debe estar abierta a la discusión nacional, abierta, transparente, contradictoria y que en tanto más participativa, de mejor manera pueda representar efectivamente un “sentir nacional”. Bajo este mismo precepto, si bien siempre es más deseable que haya estabilidades y continuidades en las políticas, particularmente aquellas que requieren tiempos largos de solidificación, no es posible asumir como argumento, para rehuir el debate, un enlazamiento con principios pre-argumentativos e inmutables. Para el caso de Bolivia esto ha sido demasiado patente. Desde el comienzo de las discusiones se ha declarado irrevisable el Pacto de 1904, a pesar que se hizo en un contexto de inmediatez de la post guerra con toda la presión política evidente, así como el constante rechazo chileno de llevar este tema a legítimos organismos multilaterales, que siempre ha constituido un recurso de política internacional para la resolución de conflictos, más cuando hay mucha cerrazón entre las partes. Debemos asumir los cambios junto con los tiempos históricos, en tanto la política exterior también es una construcción que debe dar cuenta de los requerimientos y necesidades concretas, y no instalarse en una retórica del “interés nacional”, que se presenta como vacuo y particularmente sospechoso. Si hoy día recurrimos al precepto de proteger el interés nacional en las relaciones con Bolivia, entonces tendríamos que concluir que es de la mayor importancia tener relaciones fluidas y expeditas, en base a que compartimos una frontera que está inserta en una región que tiene características comunes en el plano físico, económico, étnico, cultural y social, que tiene un gran impacto en las poblaciones de ambos países. La particularidad de las relaciones vecinales, es que las políticas tienen un doble efecto, en la escala nacional y en la escala regional. Las posibilidades de incentivar a nivel local un comercio fronterizo para una región que así lo requiere, producir controles compartidos frente a problemas de seguridad pública, tener protocolos comunes frente a desastres naturales propios de la zona, desarrollo de programas culturales y educativos multiétnicos, inversiones articuladas en infraestructura, se pueden acompañar de políticas generales en cuanto a estrategias de conectividad subregional, estrategias energéticas, intercambio comercial, políticas de cooperación en el ámbito de la defensa, etc., alejando así todos los fantasmas de la inseguridad y generar las condiciones materiales y subjetivas necesarias para una integración compleja y eficiente. La diplomacia de los pueblos y las opiniones que éstos expresen, y en ese contexto entiendo la relación que generó este grupo de parlamentarios chilenos, debiera ser un camino que se incentivara y se reconociera. No está de más recordar la opinión que mayorías nacionales de distintos países hicieron presente frente a la invasión de Irak, que significó una importante ola de manifestaciones públicas multitudinarias, que no fueron escuchadas por los gobiernos que terminaron sumándose a la invasión estadounidense al margen de las Naciones Unidas. Allí, los respectivos poderes ejecutivos, hicieron patente esta tradición de ser los conductores de la política exterior y no se preocuparon del llamado “interés nacional”, y no tuvieron la sensibilidad de esos pueblos que sí dimensionaron los efectos negativos de una decisión basada en la tozudez y la mezquindad política de las elites. Al final, algunos de ellos fueron y otros están siendo castigados por esos mismos pueblos que fueron desairados. La preocupación principal del gobierno no debiera ser si se amplían las voces que participan e interrumpen el monólogo oficial, sino estar lejos de la voz de los ciudadanos cotidianos. La democracia de a poco deja de ser solo un recurso electoral. CEE [1] Nogué Font, Joan y Rufi, Joan Vicente: Geopolítica, identidad u globalización. Ariel Geografía, España, 2001, pág. 115. | .x |
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