La denominada “carrera armamentista” representa un proceso disuasivo límite; pero, no configura un proceso entendido de una sola manera en su cantidad y calidad por todos los actores. Puede asumirse como la acumulación competitiva, sistemática y variable de arsenales entre las unidades políticas y alianzas militares de cualquier región del mundo, en función de una percepción mutua actual o futura amenazante.

No implica las mismas “cantidades” y “calidades” una carrera armamentista entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética, entre los países del Medio Oriente, el África o los Estados latinoamericanos y puede asumirse que en la construcción de entornos seguros, atenta en contra de un fin crucial de aquella función diplomática basada en los contenidos “realistas” de la seguridad nacional: la disminución del conflicto armado interestatal, de manera que la proyección de los intereses propios pueda realzarse en el marco de una conflictividad mínima, previsible y ojala controlada.

El punto es que si la carrera armamentista constituye un obstáculo para la consecución de los fines desde la perspectiva tradicional, con mayor razón lo es para una mirada que busca la construcción de entornos de seguridad que hagan suyas las oportunidades de la realidad, la cooperación y la prevención del conflicto antes que la resolución del mismo por la fuerza. Tal construcción no busca otra cosa que alcanzar los propósitos de una paz real y la integración entre las unidades políticas. En otras palabras, el desarrollo de una carrera armamentista puede servir para impedir la guerra; pero no ayuda a construir la paz ni promociona la integración. Chile, de acuerdo a la difusión de numerosos documentos centrales de su política de relaciones exteriores actual, promueve la paz y la integración.

Vamos a los datos duros, lo que algunos perciben como una carrera armamentista. Chile incorpora tecnología de punta con la compra de 10 cazabombarderos F-16C/D Block 50 y dos submarinos tipo Scorpene y hace suyas capacidades superiores en Sudamérica con la adquisición de 28 F-16A/B (modernizados según parámetros OTAN); el avión de mando, control, comunicaciones y alerta temprana Cóndor (en servicio hace una década); la calidad en la renovación total de la flota de superficie (cuatro fragatas inglesas y cuatro holandesas), el centenar de Leopard 2, los sistemas tierra-aire Mistral y Mygale, la renovación de los equipos de guerra electrónica y telecomunicaciones y otros sistemas de una condición también superior.

Si agregamos la compra de actualizados sistemas de armas de uso terrestre, naval o aéreo y la modernización de otros por la industria militar chilena, en un proceso sistemático que no tiene contraparte en Latinoamérica desde 1990 –salvo la realidad brasileña- es previsible que la incorporación de tamaño arsenal provoque críticas en el vecindario y suspicacias en los países más lejanos en un subcontinente que demuestra una limitada concurrencia de la guerra, bajo promedio del gasto militar comparativo, una política consolidada referida a las armas de destrucción masiva y exhibe un limitado desarrollo, para no apuntar a las crisis económicas, sociales y políticas recurrentes.

¿Cómo se asume, entonces, que el gobierno siga instalando como basamento argumental suficiente la necesaria renovación del material, la plena satisfacción con las fronteras establecidas y la nula voluntad de resolver los conflictos por medio de la fuerza? ¿Cómo interactúa tal posición en su expresión política “progresista” con algunas de las 36 medidas inmediatas que implementa La Moneda, tales como: 1) permitir los contratos laborales por hora para los jóvenes, de modo que el que trabaje pueda estudiar; 2) garantizar la gratuidad en la atención hospitalaria a todos los mayores de 60 años; 3) el envío de un proyecto de ley que otorgue derecho de sala cuna a los hijos de toda madre trabajadora?

Observemos el punto desde la ciudadanía. Dividamos el cuerpo social en cuatro tipologías en función de una controvertida percepción, la visión del vecino. (1) Quienes optan por construir su entorno de seguridad a costa del otro y por lo tanto no reconocen la existencia de un problema con el otro, si él lo representa. No significa que deseen el conflicto armado. (2) Quienes reconocen un problema con el vecino, si él lo representa, pero no están dispuestos a modificar una situación que los favorece. Muestran disposición a la materialización de negocios, pero no a integrarse o a construir una paz real, más allá del discurso. (3) Quienes reconocen un problema con el vecino y están dispuesto a superarlo mediante la integración y la búsqueda de la paz, si el vecino es confiable, gobernable y/o muestra un razonable desarrollo. (4) Quienes entienden la construcción de entornos seguros junto con el otro, por lo tanto, dirigen sus esfuerzos a aprovechar las oportunidades del escenario, a intensificar la cooperación y a prever el conflicto. El logro de la paz y la integración depende del esfuerzo de todas las partes involucradas.

El conocimiento sobre la actitud ciudadana hacia los problemas vecinales está acotado en particular a los foros radiales y televisivos que apelan a un sentimiento e ideario apoyado en realidades y mitos populares ligados a la construcción de la “identidad nacional”. Así, las posiciones que respaldan el punto (4) aparecen en una condición pública minoritaria y una amplia mayoría apoya, en los hechos, la asignación automática proveniente de los fondos que entrega anualmente la Ley Reservada del Cobre (el 10% del valor de las ventas de cobre y derivados de CODELCO) que tiene por fin la compra de armamento y sirve de base para argumentar que Chile se encuentra en una carrera armamentista.

En definitiva, Chile promociona la paz y la integración como banderas de interacción con el exterior y a la vez produce, almacena y difunde visiones discriminatorias y excluyentes en la construcción de sus entornos de seguridad y todavía no se identifican los organismos y actores que impulsen con lucidez y voluntad política un cambio en los lineamientos del Estado, la sociedad política y la sociedad civil, que modifiquen la actitud, por ejemplo, con los vecinos, “cooperación parcial hacia el este, disuasión hacia el norte”, la cual tiende a edificar diferencias insalvables: (1) serias dificultades para avanzar en las relaciones con Argentina porque impide el salto cualitativo que facilite la construcción de un estadio de desarrollo vincular superior (2) el recelo peruano-boliviano por la progresiva concentración de los medios disuasivos modernos en el teatro de guerra norte, como actitud estratégica.