En esta oportunidad, pondremos un escueto acento en el comercio de armas; cómo este tráfico, lícito e ilícito, afecta la seguridad de las personas; y el rol que, al respecto, le cabe al Estado. A nuestro juicio, el mercado de las armas para la defensa personal y, en general, de armas pequeñas[2], se ha convertido en un problema peligroso no sólo de carácter local o nacional, sino también internacional. Señalemos como marco general que, a partir del término de la guerra fría, el escenario de los conflictos armados internacionales cambió su carácter; en lo fundamental, ya no son conflictos entre Estados, sino intra estatales; en los denominados “estados fallidos”, donde el mercado de las armas ha jugado un rol protagónico. Cabe destacar, además, la letalidad que trae como consecuencia este tráfico y uso de las armas, ya sea fomentando o reanudando focos de conflicto intraestatales o afectando la seguridad social, pública y la percepción que se tiene de ésta.

En este contexto, se estima que en el mundo cada año se producen más de 10 millones de armas pequeñas, así como que circulan unas 639 millones de unidades (una por cada 10 personas). Lo lamentable es que estos funestos artefactos, aparentemente de menor riesgo, están siendo fabricados por más de 1.000 empresas en al menos 98 países, las que facturan una tentadora cifra que bordea los 4.000 millones de dólares anuales.

Entonces, no basta con acentuar el debate y ocuparse sólo del tema de las armas biológicas y nucleares; es hora de señalar la necesidad de establecer legislaciones que prohíban o restrinjan, al máximo, el mercado de las armas llamadas “para la defensa personal” –pistolas y revólveres, por ejemplo– las cuales, según datos internacionales, son las armas cuyo uso se anotan más muertes[3]. Es por eso que se puede afirmar que este tipo de armas, cuya fabricación y comercialización siguen boyantes, se constituye en una de las principales armas de destrucción masiva.

Por lo anterior, resulta fundamental reducir la cantidad de armas para disminuir la cantidad de muertes y heridos por violencia social, en cualquier latitud de nuestro planeta. Pero esa disminución no sólo debe dirigirse a dificultar el acceso a la compra de un arma y a su inscripción, sino, por sobre ello, reducir la demanda y sus causas, controlando y restringiendo su fabricación, el abastecimiento del mercado y recuperando las armas lícitas e ilícitas en circulación.

En Chile, las leyes que dicen relación con las armas para la defensa personal se refieren casi exclusivamente al individuo que posee las armas. Observamos cómo el Estado -pieza fundamental en la seguridad pública en relación a este tipo de armas- delega y privatiza la seguridad, enfatizando y traspasando el grueso de la responsabilidad a las armerías, a quienes compran las armas y a quienes las usan (Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas); mientras tanto, los impuestos por esta vía –como fuente generadora de riquezas fiscales- bienvenidos sean. Asimismo, rara vez nos preguntamos quién está detrás de la producción de estas armas y qué intereses y beneficios existen tras este negocio.

Si nos preguntamos cómo puede intervenir el Estado, sobre todo ante los ojos de aquellos que defienden acérrimamente este modelo económico a ultranza de libre mercado, resulta simple y rápida una respuesta: asignar mayor responsabilidad fiscal a los fabricantes y distribuidores de armas mediante el encarecimiento de los impuestos, instalando restricciones serias a la fabricación de armas cortas y pequeñas, requiriendo además seguros obligatorios y extendiendo el derecho a que cualquier persona afectada pueda expeditamente demandar no sólo a quien utiliza un arma robada, sino también a quiénes le fue robada en el caso de haber estado bajo protección de arsenales de guerra del Ejército o en dependencias estatales de custodia; la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), tiene el deber de ocuparse de su fiscalización y control, tanto en la etapa de fabricación como en su posterior permiso de ventas, además resguardar e impedir que las armas sean hurtadas o robadas de arsenales estatales. En otras palabras “que los gobiernos aumenten la capacidad del Estado y su propia rendición de cuentas en materia de control de las transferencias de armas y protección de los ciudadanos frente a la violencia armada, conforme a las normas del derecho”[4].

Al respecto, llama la atención que en Chile la industria militar siga siendo un rubro empresarial más, como cualquier otro. Entre el Ejército y la Concertación, relacionadas por ley a través del Ministerio de Defensa Nacional, ha existido un amplio acuerdo de optimizar la competitividad de la industria militar, entendible quizá desde la óptica de mejorar la disposición de armas para la Defensa nacional; no así en el plano de la producción de armas pequeñas que atentan contra la seguridad pública y que todavía siguen produciéndose como cualquier artículo o herramienta en FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército). Existe un apoyo de la autoridad civil a la industria e ingeniería de producción de armamentos, bajo el criterio y discurso de que la industria militar provoca un incremento en la capacidad tecnológica del país.

Al respecto, recordemos que, a fines de septiembre de 2005, Carabineros desbarató una red de tráfico de armas que estaba encabezada por un sargento de la Guarnición de Valparaíso y un empleado civil del Ejército; la investigación pudo establecer que muchas de las piezas fueron sustraídas desde los propios arsenales del Ejército. De igual forma, en un reciente reportaje del programa Contacto de Canal 13[5], se develaron otras irregularidades, entre las que resaltaban permisos otorgados a armeros con antecedentes de tráfico ilícito de armas, y el robo de armas, de diversa índole, desde las propias bodegas bajo custodia del Ejército, las que en algunos casos ya han sido utilizadas en ilícitos por delincuentes comunes en el último año.

Como dato adicional, digamos que la DGMN tiene en su poder -bajo custodia- unas 52 mil armas, entre pistolas, revólveres, escopetas y fusiles, y se especula que cerca de un millar de ellas ha sido sustraído ilegalmente, según lo confirmó a los medios de comunicación el propio Comandante en Jefe (s), Gral. Javier Urbina.

Lo anterior demuestra un grave descuido por parte de las autoridades y, paralelamente, una escasa preocupación por los temas de la producción y tráfico de armas y del control de stocks. Es por ello que resulta fundamental que sea monitorizado el real destino de las armas decomisadas o secuestradas por las fuerzas policiales, o requisadas por los tribunales de justicia, de los lugares de almacenamiento y de las medidas de seguridad para su custodia y, finalmente, su destrucción pública.

Del mismo modo, debe existir un banco de datos computarizado en la DGMN, supervisado por distintas instancias civiles, que registre debidamente las armas a modo de crear un sistema de información confiable. La proliferación de armas, tanto en el mercado lícito como el negro, es un evidente riesgo para la seguridad de la sociedad y representa un peligro específico para las personas.

Si bien la seguridad pública y la seguridad de las personas es una tarea y responsabilidad de muchos actores sociales, multisectorial, ello no implica que el Estado delegue a privados sus facultades y funciones para el control y fiscalización en estas materias de seguridad.

Por tanto, si el Estado se compromete en la prevención de los daños que produce el uso de estas armas en manos privadas, debe prohibir o, al menos, limitar la fabricación, disponibilidad y circulación de las armas[6]. Además de atender los factores primarios, políticos y sociales, que llevan a las personas a usar un arma, ya sea para defenderse o para cometer un acto delictivo. Por último, es a nivel estatal donde cabe revisar con mayor profundidad, dado que tiene las instituciones y herramientas para intervenir, la conexión entre el aumento de la violencia y la inseguridad pública relacionada con el uso de armas y el aumento en la fabricación y ventas de armas de fuego.