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CARTA DE OPINIÓN Nº 3 - 8 de Agosto 2005 PATOS, CISNE, TAGUAS Y GLACIALES : ALGUNOS DE LOS EMBLEMAS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE CHILE por José Orellana Y. *[1] |
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En las primeras clases que se dictaron en algunas universidades durante la década de los 90’, en temáticas como la Evaluación de Impacto Ambiental o bien la planificación urbana, regional o local, se destacaba el gran avance que había logrado el gobierno de la Concertación respecto de la institucionalidad ambiental en el país. En el año 1994 se promulgó la Ley19300, de Bases del Medio Ambiente y, algunos años después, su reglamento, el cual hizo operativo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), instancia sobre la cual los diferentes proyectos de inversión -públicos o privados- se someterían a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuando la naturaleza del mismo tuviese un impacto intenso sobre el medio ambiente.
En estas clases se explicaba que -ante las evidentes fallas del SEIA, que se traducían en impactos sobre el medio que atentaran contra la biodiversidad- la aplicación de la normativa y sanciones debían ser graduales, ya que la estructura económica del país no resistiría una aplicación rigurosa de la norma y la sanción. Se trataba de no arriesgar la inversión extranjera ni dificultar la ya existente, de manera que esta pudiera “gradualmente” incorporar en sus procesos productivos los estándares ambientales correspondientes. Pues bien, este “gradualismo” ha cobrado sus víctimas, entre otros ecosistemas a preservar, en el humedal de Batuco y en el Río Cruces; en ellos, patos, taguas y cisnes o han muerto, o bien han emigrado hacia otras zonas, a causa de los desequilibrios ecológicos producidos; sin embargo, dicha emigración puede a su vez provocar otros daños en los lugares donde lleguen. Ciertamente, que el primer factor de desequilibrio ecosistémico son los Restos Industriales Líquidos (RILES), pero detrás se esconde el gradualismo y el “realismo” con el cual se ha aplicado la norma y las sanciones ambientales. Señalo este realismo, porque es uno de los principios consagrados en la ley y se vincula estrechamente con el de gradualismo, ya que hay que ser “realista” en la aplicación de la norma, dado que la matriz económica heredada del régimen militar nunca incorporó la variable ambiental. De aquí a veinte años más, ¿nos quedarán patos, taguas y cisnes en ecosistemas de sensible equilibrio en Chile? Ello dependerá del gradualismo y realismo que aplique la institucionalidad ambiental, la cual, durante los gobiernos de la Concertación, ha sido una excelente promotora de ambos principios, situación que es absolutamente impresentable si de verdad queremos hacer del medio ambiente un factor más de desarrollo del país. Desde esa perspectiva, si en más de catorce años no han cambiado estos principios articuladores de nuestra institucionalidad y política ambiental –y dudo que vaya a cambiar en el corto o mediano plazo- seguirán abandonándonos los patos, taguas y los cisnes. Pero, ¿a qué se deben estas situaciones? Al parecer, hay dos causas que no necesariamente se vinculan con el accionar de las empresas per se. Una línea de explicación estaría en el modelo económico y político que hoy día administra Chile, que consagra la maximización de las ganancias de los agentes empresariales, nacionales o internacionales. Ello se expresa en el diseño y concreción efectiva de la política ambiental, que resulta permisiva y legitimante de la acción empresarial y que, al parecer, también se vincula con la burocracia ambiental, la cual, además, se encuentra en una situación institucional de diáspora sin la debida coordinación: existe la CONAMA, pero cada sector tiene su competencia ambiental y cada administración territorial tiene algo que decir[2]. En suma, una difusa red institucional que al parecer no tiene la coherencia deseada para abordar los temas de su competencia, hecho que le permite a los profesionales de la política y de la burocracia mirar hacia el espacio interestelar sin saber quien tiene responsabilidad en una u otra decisión. Es decir, como dijo un periodista líder de opinión en alguna oportunidad, aquí nadie paga costos porque nadie tiene la culpa. ¡Ah! Estimado Presidente Ricardo Lagos, su período presidencial nos deja debiendo, en el marco de la modernización del Estado, una gran cosa, cual es, el abordaje del tema ambiental desde una perspectiva integral, donde el Estado tenga un protagonismo central. Otra línea de explicación se encuentra en la cultura cívica y política que la ciudadanía tiene en relación con los temas ambientales. ¿Cuáles fueron los vecinos que denunciaron las situaciones producidas en la laguna de Batuco o en el río Cruces de Valdivia? En el primer caso, sólo un tímido concejal que se presentó en terreno, pero ningún vecino o agrupación organizada. En ese marco, ¿qué hace un alcalde, en este caso el de Lampa o de alguna comuna aledaña, por evitar la instalación de industrias con dudoso compromiso ambiental? La decisión parece fácil, aceptar la instalación de las empresas; primero, porque permite puestos de trabajo en sus territorios que carecen de fuentes laborales; segundo, si los organismos correspondientes ya abordaron el tema y dieron su aprobación para operar, para qué complicarse. Entonces, los alcaldes no tienen mayores dificultades o responsabilidades, a menos que entre sus proyectos políticos de desarrollo comunal hayan incorporado el tema ambiental como un eje de desarrollo más, lo que implicaría la generación de los dispositivos adecuados para monitorear tales eventos. De lo contrario, aunque la Ley 19300 le asigne alguna responsabilidad ambiental a los municipios, éstos no se encuentran obligados en lo absoluto a pronunciarse, cuando los órganos superiores pertinentes ya aprobaron la iniciativa.. Entonces, ¿qué resorte ciudadano queda? ¡La participación de la comunidad! Pero esta es débil o no existe. Recordemos que, cuando se modificó el trazado de las tuberías de Gas Andes por el Cajón del Maipo, se produjo un gran debate. Así fue que la opinión pública -a nivel regional e incluso nacional- se enteró de la lucha que estaban dando los vecinos de la comuna de San José de Maipo por evitar que dicha tubería pasara cerca de lugares habitados, movilización que recogió el respaldo de importantes sectores nacionales. Sin embargo, hay que decir también que, entre esos vecinos, se encontraba la familia Astorga, la cual tenía intereses involucrados en el trazado original de los tubos que transportarían gas. Es probable que en Valdivia suceda algo similar porque, mal que mal, los cisnes son un atractivo turístico para la región, pero más que los cisnes el ecosistema en general es un recurso turístico absoluto, hecho que por lo tanto “colisiona” con los intereses de los operadores turísticos de la zona. El despliegue comunicacional ha sido interesante, las acciones legales tienen un año y más de trámites y las asesorías nacionales e internacionales se han movilizado. Desde la perspectiva ambiental también es plausible la movilización. Pero se echó de menos la participación de los vecinos comunes, aquellos que se organizan en las juntas de vecinos u otras instancias -donde podría existir una permanente atención sobre estos problemas- y quienes podrían con su acción reducir esa disposición de nuestras autoridades para evadir su responsabilidad al respecto. Por ejemplo, qué sucederá en Batuco, donde no hay un comité pro Laguna ni amigos de la fauna defendiéndolas, sólo un concejal que una vez criticó la situación; y el resto de las autoridades y principalmente los vecinos ¿dónde están? ¿Quién asume la representación de este biosistema? ¿Es un patrimonio ecosistémico de la Región Metropolitana o de un particular? Si es de un privado, ¿quién es y porqué no se ha pronunciado sobre los perjuicios que se está cometiendo sobre su propiedad? Gracias al modelo que instauró el gobierno militar, que han refrendado los gobiernos de la Concertación en un alto porcentaje de su dimensión económica[3], la conservación ambiental se logrará única y exclusivamente cuando existan intereses económicos contrapuestos. Este hecho para nada es ilegítimo, desde las lógicas de mercado. La pregunta es, ¿la ciudadanía actuará sólo cuando existan intereses contrapuestos económicos? Y, cuando no sea así, ¿qué sucederá?, ¿seremos reos de los principios del realismo y gradualismo de nuestra institucionalidad o política ambiental? En unos años más ¿será posible que la política ambiental tenga un giro en beneficio de todos, en especial de la biodiversidad ambiental? Y las universidades ¿seguirán enseñando el gradualismo y realismo indolente respecto [1] José Orellana Y. es Geógrafo y Cientista Político, profesor de geografía política de la Universidad Bolivariana y Academia de Humanismo Cristiano. Además, es investigador del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Arcis. | .x |
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